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Las Zonas de Bajas Emisiones de Madrid funcionaron durante años con una normativa que los tribunales acabaron declarando ilegal. Durante todo ese tiempo se impusieron y procesaron muchas multas que pagaron miles de conductores, y desde el Ayuntamiento tienen clara una cosa: que no habrá devoluciones.
Qué ha pasado exactamente. El Tribunal Supremo de Justicia de Madrid (TSJM) anuló en diciembre de 2024 parte de la ordenanza que regulaba las ZBE en Madrid, tras un recurso presentado por el grupo municipal de Vox. El tribunal consideró que el informe de impacto económico era insuficiente, pues no se había evaluado correctamente cuánto iba a costar a ciudadanos y pequeños empresarios adaptarse a las restricciones de circulación, ni se habían explorado medidas menos restrictivas con efectos equivalentes.
Como el fallo no era entonces firme, el Ayuntamiento continuó aplicando sanciones mientras recurría ante el Supremo. Sin embargo, el TSJM rechazó el recurso el pasado 15 de abril, con una condena de 2.000 euros al Ayuntamiento por los gastos del proceso judicial.
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Por qué no habrá devolución. La vicealcaldesa Inma Sanz contaba que la jurisprudencia vigente impide dar efectos retroactivos a las sentencias cuando la norma sancionada estaba en vigor en el momento en que se impusieron las multas. En la misma línea, el delegado de Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente, Borja Carabante, defendía que las sanciones se pusieron bajo un marco normativo que entonces era válido.
El punto que sigue en el aire. La posición del Ayuntamiento no es completamente uniforme. Los servicios jurídicos municipales estudian todavía qué hacer con las multas impuestas en las ZBE de Plaza Elíptica y Centro (las dos zonas de especial protección) durante el periodo comprendido entre la sentencia del TSJM (diciembre de 2024) y la entrada en vigor de la nueva ordenanza (marzo de 2026).
Han sido más de dos años en los que se ha seguido multando con una normativa que un tribunal ya había declarado nula. Carabante reconoce que se está valorando «si se tramitan o no» esas sanciones concretas.
La nueva ordenanza como escudo. El Ayuntamiento aprobó el mes pasado una nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible, corrigiendo la anterior en base a las indicaciones señaladas por el TSJM y mantiene operativas todas las ZBE. El Consistorio argumenta que esta nueva ordenanza deja sin efecto práctico la sentencia, ya que pone solución a todo lo que el TSJM había pedido. Entre sus novedades se encuentra lo de que los vehículos de residentes empadronados sin etiqueta medioambiental puedan circular por Madrid siempre que se respeten los límites europeos de contaminación.
División de opiniones. La organización Automovilistas Europeos Asociados (AEA) ha exigido públicamente al alcalde José Luis Martínez-Almeida la anulación de todas las sanciones impuestas hasta la publicación de la nueva ordenanza en el boletín oficial, el 6 de abril. Según datos de la propia AEA, entre septiembre de 2021 y noviembre de 2025 el Ayuntamiento impuso más de 3,3 millones de multas relacionadas con las ZBE por un valor superior a 650 millones de euros.
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Su presidente, Mario Arnaldo, considera que se ha estado sancionando a «cientos de miles de conductores» con multas de «dudosa legalidad» mediante una estrategia diseñada para seguir recaudando mientras duraba el proceso judicial.
Qué pueden hacer los afectados. La decisión del Supremo no anula automáticamente ninguna multa, pero refuerza las opciones de quienes quieran recurrirlas. Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la situación varía según cada expediente. Y es que quienes recurrieron en su día y aún tienen el procedimiento abierto tienen más posibilidades de recuperar el dinero. Sin embargo, el organismo cuenta que quienes pagaron sin recurrir enfrentan una vía más complicada, teniendo que pasar por solicitar la nulidad de pleno derecho.
La OCU pide al Ayuntamiento que anule de oficio las sanciones no firmes y devuelva las cantidades ya cobradas en expedientes todavía abiertos, sin trasladar al ciudadano «la carga de una inseguridad jurídica creada por una ordenanza anulada».
Imagen de portada | Ayuntamiento de Madrid
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La noticia
Madrid cobró 650 millones de euros en multas por las ZBE: el Supremo ha declarado la norma ilegal, pero el dinero no va a volver
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Xataka
por
Antonio Vallejo
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