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Las convocatorias electorales (sobre todo las adelantadas, como es el caso) suelen elevar el tono del debate político. El 29-N lo que está recrudeciendo es el debate jurídico. Y todo a costa de una normativa de 2022. La conocida como ‘ley de nietos’ se ha convertido en una pieza clave del panorama preelectoral español, el foco de una espinosa controversia que, además de a los partidos, ha enredado al Tribunal Supremo, la Abogacía del Estado, la Fiscalía y la Junta Electoral. Es comprensible si se tiene en cuenta qué está en juego: quiénes podrán acudir a las urnas en noviembre.
Para los servicios jurídicos del Estado, el dilema es el siguiente: ¿Qué hacer con miles de españoles inscritos en el CERA, el censo de votantes que viven en el extranjero?
¿Qué es la ‘ley de nietos’? El apodo popular de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática. Para ser más precisos, el de su disposición octava, que dio un plazo de dos años (más tarde prorrogado hasta octubre de 2025) para que los descendientes de españoles nacidos en el extranjero pudieran solicitar la nacionalidad de sus ancestros.
¿A quién se abría esa puerta? A los hijos y nietos de españoles que, «como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia u orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española».
La norma no acotaba ningún marco temporal, pero sí deslizó un concepto clave: «exilio». El pasaporte quedaba al alcance de los hijos o nietos de españoles a los que durante la dictadura no les quedó otra que hacer las maletas. El cómo ejercer ese derecho lo aclaró días después el Ministerio de Justicia a través de una instrucción dirigida a todos los interesados, los registros civiles y los consulados.
¿Es eso importante? Mucho. De hecho es la clave del embrollo judicial que está caldeando las semanas previas al 29-N. La instrucción diferencia entre dos perfiles. Por un lado están los descendientes de españoles que abandonaron el país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, es decir, el período durante el que se prolongó la Guerra Civil y la fase de aislamiento del franquismo. Por otro lado, están los herederos de españoles que cruzaron las fronteras entre enero de 1956 y 1978, cuando se aprobó la Constitución.
A efectos de la aplicación de la Ley de Memoria Democrática esa distinción es fundamental. En el primer caso (quienes hicieron las maletas entre 1936 y 1955) el Estado «presume la condición de exiliado» general, aplicable a todos los españoles que cambiaron de país. Para reclamar la nacionalidad, sus descendientes solo deben acreditar que lo son y que sus padres o abuelos salieron de España.
En el segundo caso (1956-1978) la norma es bastante más estricta y exige a quienes quieran acogerse a la ‘ley de nietos’ que prueben que sus antepasados eran «exiliados».
¿Tan relevante es? Para Vox y Iustitia Europa sí. Ambas formaciones acudieron a la justicia con un argumento relevante: las instrucciones tienen un rango menor que las leyes, por lo que no pueden modificarlas. Y Vox opina que eso es precisamente lo que ocurrió en 2022 con la ‘ley de nietos’. Si bien la norma habla de descendientes de «exiliados», en ningún caso contempla que todos los españoles que abandonaron el país entre 1936 y 1955 puedan considerarse como tal, algo que sí dice la instrucción ministerial.
Dicho de otro modo, la formación de Abascal argumenta que el Gobierno amplió las costuras de la ley sin pasar por las Cortes. «La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública [el Ministerio de Justicia] dicta una Instrucción que extiende el acceso a la nacionalidad mucho más allá del texto legal», subrayaban.
Vox pidió que dejara de aplicarse de forma cautelar y llevó el tema al Supremo y la Junta Electoral Central (JEC). ¿Por qué acudió a este último organismo? Muy fácil. Porque la nacionalidad abre la puerta al derecho al voto y Vox solicitó auditar y controlar las altas en el censo de electores en el exterior (CERA).
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¿Qué hizo el Tribunal Supremo? A principios de septiembre la Corte suspendió los efectos electorales de la ‘ley de nietos’. Lo hizo de forma cautelar, a la espera de dictar una sentencia y centrando el foco en aquellos casos en los que los herederos no hubieran acreditado la condición de exiliados de sus ancestros. La decisión del alto tribunal no anuló concesiones de nacionalidad y tampoco es definitiva, pero afecta directamente a miles de altas en el CERA.
Quienes obtuvieron la nacionalidad española por la ‘ley de nietos’ y aún no se habían inscrito en el CERA se encontraron con que el trámite quedaba suspendido. Quienes ya estaban anotados vieron cómo su registro en el CERA se quedaba en el limbo de cara a cualquier convocatoria electoral. Como recuerda Confilegal, la cuestión ya no era quién podía convertirse en español amparándose en la Ley de Memoria Democrática, sino quién podía figurar en el censo y votar.
Y todo a solo unos meses (eso se creía) de las elecciones.
¿Qué pasó el lunes? Que el panorama se complicó aún más. La decisión de Pedro Sánchez de adelantar las elecciones generales tras el fracaso de sus decretos exprés sobre vivienda sumó un nuevo elemento de presión al embrollo judicial de la ‘ley de nietos’: el calendario. A fin de cuentas, la convocatoria del 29-N se publicó después de que miles de personas con nacionalidad española viesen cómo se suspendía su derecho a participar en las elecciones.
Tanto se complicó la cosa, que el martes el Supremo dio un plazo de 48 horas a la Abogacía del Estado, la JEC, Fiscalía y Iustitia Europa y Vox para que se pronunciasen.
Sobre la mesa, una duda: ¿Debe el tribunal emplazar a participar en el proceso a los miles de afectados por las medidas cautelares, personas ya nacionalizadas a las que se les ha suspendido el derecho a voto? ¿Se arriesga el Supremo a un choque con el Constitucional? Es una cuestión relevante porque el alto tribunal quizás contase con dictar sentencia antes del próximo verano (cuando finalizaba la legislatura), pero resulta casi imposible que lo haga antes del 29-N.
¿Y qué ha pasado? Que a la vista del elevado número de personas que recurrieron a la ‘ley de nietos’ parece muy difícil comunicarse con todos los afectados, a los que habría que explicar además qué inscripciones en el CERA se ven realmente afectadas.
El Supremo ha pedido a las Oficinas del Censo Electoral que desglosen las altas de personas nacionalizadas al amparo de la instrucción de 2022 y las que se ajustaron a lo previsto directamente en la Ley de Memoria Democrática. El problema es que no llega con apretar un botón. Esa clasificación exige revisar miles de expedientes. Y los consulados tienen el calendario en su contra.
Teniendo en cuenta que las elecciones se celebrarán el 29 de noviembre, el censo que se utilice debe ser el cerrado en agosto y debe exponerse para consulta el 12 de octubre. A la vista de esos plazos, la Abogacía del Estado ha alegado que resulta «materialmente imposible» comprobar caso por caso para saber quién cumple y quién no las condiciones para votar. De ahí que reclame retirar las medidas cautelares.
¿Qué argumenta? «La Sala se encuentra en la necesidad de valorar, ponderar de forma proporcional, el sacrificio del derecho fundamental al sufragio activo que se está imponiendo, sin trámite de audiencia alguno, a 163.020 españoles», señala el Abogado del Estado. En su opinión, las medidas cautelares adoptadas por el Supremo no solo privan del derecho de voto a miles de nacionalizados, tampoco permiten a los afectados «ningún tipo de justificación».
En resumen: toca «ponderar intereses». «Ante el riesgo del sacrificio inmediato de un derecho fundamental, lo que debe primar es el ejercicio del derecho particular», subraya. «O se suspende a todos los españoles inscritos en el CERA (pues los datos que en él se tienen son, globalmente, los de los españoles sin distinción alguna) o no se suspende a ninguno, porque resulta materialmente imposible distinguir a unos de otros en el brevísimo plazo de tiempo disponible».
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¿Se han oído más voces? Sí. Fiscalía ha reclamado al Supremo que permita votar a los nacionalizados al amparo de la ‘ley de nietos’ el 29-N y advierte de que el adelanto electoral exige revisar las medidas cautelares. Por su parte, Iustitia Europea exige la suspensión cautelar de las elecciones del próximo 29 de noviembre y que la convocatoria electoral eche el freno «el tiempo estrictamente indispensable» para garantizar que se ejecutan las órdenes del Supremo.
Otra voz que se ha sumado al debate en las últimas horas es la del ministro de Justicia, Félix Bolaños, quien ha advertido que España corre el riesgo de acudir a las urnas con «un censo alterado». «Le estamos pidiendo con todo el respeto al Tribunal Supremo que resuelva cuanto antes esa cuestión, porque imagine el escenario: se va a las elecciones, se vota y después se decide que la demanda no tenía ningún sentido y que esas personas tenían que haber votado», planteó Bolaños durante un acto en Sevilla.
¿Tanto puede influir en el 29-N? Depende de a quién le preguntes. La sospecha de que los nuevos votantes favorecerán en las urnas al partido gobernante (PSOE), el mismo que ha sacado adelante la medida, ha llevado al PP a tachar la ‘ley de nietos’ de «ingeniería electoral». En Vox incluso han ido más allá al acusar a Sánchez de intentar «el mayor pucherazo electoral del régimen de 1978». Desde la Abogacía del Estado se argumenta sin embargo que el peso de los nuevos electores sería tan reducido que, en la práctica, «no tendría un impacto significativo» en los resultados electorales.
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¿Hay datos? Los del Gobierno muestran que, si bien la ‘ley de nietos’ ha tenido un alcance considerable, ese impacto se descafeína de forma considerable en las urnas. Según sus registros, la puerta abierta en octubre de 2022 despertó el interés de más de 2,4 millones de personas, pero a cierre del pasado agosto (fecha clave de cara al censo del 29-N) solo habían obtenido la nacionalidad cerca de 600.000.
Todo indica que el número de inscritos para votar es muy inferior. En sus alegaciones al Supremo, los servicios jurídicos del Estado hablan del «derecho al sufragio activo» de 163.020 personas y, basándose en las estadísticas de participación, reducen el dato aún más. «Se trata, en términos estadísticos, del voto de 14.120 personas». Iustitia eleva los censados desde las elecciones de 2023 a 408.262, aunque sin distinguir la vía de nacionalización.
Imágenes | Ayuntamiento de Pamplona, FSA-PSOE (Flickr) y Arnaud Jaegers (Unsplash)
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La noticia
La ‘ley de nietos’ se ha convertido en la bomba de relojería del 29-N con un duda pendiente: pucherazo o solo 14.120 votos
fue publicada originalmente en
Xataka
por
Carlos Prego
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