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Bajo el suelo de Madrid se esconde un recurso estratégico que Europa necesita desesperadamente para reducir su dependencia tecnológica de China. Para asegurar este suministro, el Gobierno regional ha decidido mover ficha y blindar el futuro de la mina Tolsadeco.
El plan. Tal y como avanzan en Europa Press, la Comunidad de Madrid ultima los trámites para prorrogar hasta el año 2037 la concesión minera ubicada entre los distritos de Vicálvaro y San Blas-Canillejas. Se trata de reactivar una explotación a cielo abierto que permanecía paralizada desde 2007, con el objetivo de no perder el acceso a las últimas reservas de un material crítico para la autonomía industrial del continente.
¿Un simple absorbente o el futuro del coche eléctrico? Aunque tradicionalmente se la conoce por su uso doméstico como material absorbente —especialmente en las arenas higiénicas para mascotas—, la sepiolita es hoy un mineral de altísima tecnología.
Según recoge Europa Press citando al Real Instituto Elcano, España es el único productor europeo de este material, situándolo como una singularidad extractiva del país. De hecho, la fábrica de procesamiento situada en Vallecas transforma unas 400.000 toneladas anuales sobre una producción mundial estimada en 600.000.
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La importancia estratégica. La sepiolita de alta pureza es la base de aditivos retardantes de llama indispensables para la industria del cable, las tuberías, la automoción y la construcción. Estos componentes permiten a Europa sustituir al óxido de antimonio, una materia prima que hoy se importa casi en exclusiva desde China. Además, el mineral es el núcleo del proyecto MADBAT, una iniciativa madrileña para desarrollar electrodos de alto rendimiento para baterías de vehículos eléctricos. El impacto económico que proyecta la empresa concesionaria, Tolsa, es ambiciosa: una facturación de 113 millones de euros, con más de 53 millones destinados a la exportación internacional.
El vaciado del agua y la promesa para 2037. Para retomar la extracción, el primer paso será evacuar el agua acumulada durante dos décadas de inactividad. La Consejería de Economía defiende esta intervención bajo un argumento que trasciende la industria: la seguridad ciudadana. La administración regional subraya que no se trata de una laguna natural, sino de un hueco minero profundo con terrenos arcillosos que, como advierten en sus informes, actúan como «arenas movedizas».
A pesar de las vallas y la señalización, el lugar se ha convertido en un punto de baño clandestino recurrente. La tragedia ha golpeado este enclave en varias ocasiones: desde 2012, tres personas han perdido la vida por ahogamiento en estas aguas, incluyendo el fallecimiento de un menor en junio de 2021, según recogen los archivos de Europa Press. Ante esta peligrosidad, la Comunidad de Madrid promete que, al finalizar la explotación en 2037, la zona será restaurada mediante una «reconfiguración segura y planificada» que creará nuevas lagunas controladas.
El choque con los vecinos: la destrucción de un ecosistema. Sin embargo, el plan de reactivación choca frontalmente con la oposición vecinal y ecologista. La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) y diversos colectivos han denunciado, en comunicados difundidos por Europa Press, que la obra supondrá la «destrucción de la Laguna Grande».
Las asociaciones desmienten la versión oficial sobre el origen del agua, asegurando que esta tiene un carácter freático y está conectada a un acuífero profundo. Además, alertan sobre el impacto en la biodiversidad —especialmente en colonias de cría del avión zapador, un ave protegida— y sobre la cercanía de la actividad minera a viviendas, instalaciones deportivas y centros educativos.
Para organizaciones como Ecologistas en Acción y SEO/BirdLife, esta prórroga es un jarro de agua fría: aplaza sine die el anhelado proyecto de convertir el entorno de Ambroz en una gran «Casa de Campo del Este», integrada en el Bosque Metropolitano. Los colectivos no han tardado en reaccionar: ya preparan alegaciones y mantienen abierta la posibilidad de emprender acciones judiciales.
El precio de la autonomía europea. El conflicto de las lagunas de Ambroz ilustra a la perfección una de las grandes encrucijadas industriales y ambientales del presente. Por un lado, la innegable necesidad geopolítica de que Europa asegure materiales estratégicos para liderar la transición energética y frenar el monopolio asiático. Por otro, el alto coste ecológico que esta estrategia exige a nivel local. Madrid ha decidido blindar su mina de sepiolita en favor de la industria tecnológica, pero el precio a pagar será vaciar —al menos durante la próxima década— el oasis que la naturaleza había reclamado silenciosamente en el sureste de la capital.
Imagen | Freepik
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La noticia
Madrid tiene bajo tierra el mineral clave para que Europa no dependa de China. El problema es que hay una laguna encima
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Xataka
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Alba Otero
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