En España tenemos un grave problema con los exámenes. La nueva selectividad no lo va a solucionar

En España tenemos un grave problema con los exámenes. La nueva selectividad no lo va a solucionar

Se avecina una nueva reforma de la Selectividad. Y es que, según adelantó Ignacio Zafra en El País hace unos días, el Ministerio de Educación trabaja en un cambio de la actual Selectividad para pasar de «una prueba menos basada en contenidos» a una «más parecida a los exámenes del Informe Pisa». El nuevo modelo está aún por definir, pero ya se intuye que no será sencillo encontrar la ‘cuadratura del círculo’ de un tema tan polémico. Y no lo será porque el problema va mucho más allá de la selectividad.


«No existe un debate nacional en torno a las evaluaciones públicas en España», nos dice Juan Ramón Barrada, profesor de la Universidad de Zaragoza. Esto se debe a que esas pruebas tienen que cumplir dos funciones básicas «deben ser fiables y válidas; es decir, deben tener calidad técnica», pero también deben de operar en un entorno público transmitiendo sensación de justicia, equidad y «paz social». Y «en España hemos decidido que así como estamos nos va bien».

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De hecho, es curioso que teniendo en cuenta la gran cantidad de pruebas selectivas con consecuencias importantísimas que hay en el país y «los escándalos continuos de oposiciones amañadas», la polémica siempre surja en torno a la Selectividad, nos dice Barrada. Sobre todo, teniendo en cuenta que «no hay autobuses de estudiantes yendo de una comunidad a otra para obtener mejores notas». ¿Hay desigualdades? Lo razonable es pensar que sí porque no hay ningún elemento que garantice que no las haya. «Como tampoco los hay [para garantizar el mismo nivel] entre unos años y otros». Hay un debate político recurrente, es innegable; «lo que no parece que haya es una preocupación genuina«.

Al final, los efectos de esas desigualdades entre comunidades tienden a diluirse porque, según sugiere Barrada, «el principal criterio de elección de Universidad de los estudiantes en España es que estén cerca de su casa». Por eso también, las sucesivas reformas de la selectividad acaban desdibujándose porque «aunque hay medios técnicos» para mejorar la calidad de las pruebas», cuando los responsables entienden los recursos necesarios para ponerlo en marcha (y lo que conlleva) suelen cerrar el tema en falso. Algo similar puede decirse del resto de pruebas selectivas.

Un problema que afecta a todas las evaluaciones públicas españolas

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«No quiero decir que la evaluación no sea un problema, es más es un problema muy grande», dice Barrada. «Tenemos a muchísimas personas dedicando años de trabajo e ilusión sin saber si tendrá retorno alguno [] Eso es indiscutible». «Lo que quiero transmitir es que las soluciones no son sencillas»: se necesita un enfoque «global y multidisciplinar» que tenga en cuenta los costes (sociales, económicos y personales) del sistema.

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Por ejemplo, la propuesta actual de selectividad, «viene a ser sustituir las pruebas de contenidos por algo parecido a un test de inteligencia». Ese tipo de enfoques, para PISA («que trata de comparar sistemas educativos muy distintos») puede tener sentido; es claro y objetivo, pero «evitar evaluar muchas cosas». Además, debemos de tener en cuenta que cada forma de evaluación tiene sus consecuencias concretas: «no es sensato abordar estos problemas desde la indignación, sino que hay que abordarlo con una mirada sistémica». Al fin y al cabo, definiendo qué y cómo medimos estamos definiendo qué queremos conseguir.

Si como reconoce el mismo Ministerio, el actual diseño de la EVAU condiciona no solo el bachiller, sino buena parte de la secundaria, ese efecto se ve mucho más en las oposiciones. Como explicaban los economistas Manuel Bagües y Berta Esteve-Volart, «en las oposiciones a Juez y Fiscal, el 42% de los opositores se presenta al menos por quinta vez y, en las oposiciones Notarías, que se celebran bienalmente, un 12% de los candidatos lleva presentándose al menos diez años».

Bajo la apariencia de un sistema que «limita las posibilidades de favoritismo, y además permite medir si el opositor posee unos conocimientos específicos determinados sobre el Estado y las Administraciones Públicas» nos encontramos con un mecanismo «incapaz para evaluar con precisión la calidad de los candidatos». Estos repiten una y otra vez porque «porque perciben que con un poco de fortuna podrían, al fin, conseguir aprobar la oposición».

Y en la medida en que se «ha documentado empíricamente que factores tan ajenos a la calidad de los candidatos como pueden ser el orden, el día, o la hora en que son evaluados, o la composición del tribunal evaluador, afectan significativamente a sus posibilidades de éxito» no les falta razón. Esto es algo que choca con lo que sabemos sobre buenos sistemas de selección y que, por lo que sabemos, no ocurre en otros lugares (donde los candidatos pueden hacerse una idea rápida de si tienen posibilidades o no de superar la prueba) y que, de hecho, no afecta a los eurofuncionarios españoles que acceden a las instituciones europeas.

¿Estamos evaluando cosas con sentido?

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Bagüés y Esteve-Volart también ponen en cuestión «la relación existente entre las dimensiones que son evaluadas – en general, capacidad memorística – y la productividad de los futuros funcionarios». De igual forma, no está claro hasta qué punto correlacionan las dimensiones que son evaluadas en la selectividad con el desempeño posterior en cada carrera. Este es, según Barrada, el eslabón más débil del sistema español de evaluación pública: el momento en que alguien lleve a los tribunales la arbitrariedad con la que se definen los criterios de pruebas que tienen consecuencias increíblemente importantes en la vida de las personas.

En la mayor parte de casos, «no se trata tanto de encontrar el candidato adecuado, como de obtener un sistema que genere paz social«. Al final, como señala Barrada, acabamos articulando sistemas de evaluación que como el chiste del borracho buscando las llaves cerca de la farola no porque las hayan perdido ahí, sino porque es donde hay luz.

«Necesitamos ese debate nacional sobre las evaluaciones», concluye Barrada. «Pero necesitamos que sea un debate real» y no carnaza para la trifulca política del día. En este sentido, la nueva propuesta de selectividad adolece de los mismos problemas que el resto: se levanta sobre un problema que no parece que estemos dispuestos a tomarnos en serio.


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Javier Jiménez

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