Mientras miramos con recelo el modelo de Praga, la vivienda en Madrid vive subidas históricas (el alquiler medio va camino de los 2.130 euros al mes, superando con mucho el salario base). Pues bien, esta es la nueva fórmula con la que la Comunidad de Madrid planea reservar el 75% de su parque de viviendas: que optar a un piso protegido de alquiler en Guadarrama implique haber vivido al menos diez años allí. El problema es que los vecinos que el mercado ya expulsó del pueblo no cuentan, y los que más necesitan una vivienda protegida son, justamente, los que no han podido quedarse.
La fórmula. 58 viviendas son las afectadas a este convenio de protección pública en alquiler. El lugar, Las Laderas. Son 24 pisos de dos dormitorios y 34 de tres, con un presupuesto de 14,2 millones. Seguirán como alquiler al menos otros 20 años. Los ingresos del hogar han de situarse entre 1,5 y 5 veces el IPREM.

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Con un IPREM de 600 euros, eso es entre 900 y 3.000 euros al mes. Las obras ya empezaron, pero no hay fecha de adjudicación. Un 75 % de los pisos (43), se reservará a quien demuestre más de diez años de empadronamiento en Guadarrama. El resto se adjudicará siguiendo la normativa general.
No es solo Guadarrama. La Comunidad firmó el mismo día seis convenios con Guadarrama, Villa del Prado, Móstoles y Valdemoro. Es decir, este criterio se está extendiendo. Y suman 676 viviendas y 138 millones, de los que el Gobierno regional pone más de 113. En los cuatro municipios, el 75% se reserva a quien lleve diez años en el padrón local. En Guadarrama gobierna el PP gobierna en coalición con Vox, y el convenio se firma tras el rechazo al borrador regional. Esta política, por tanto, responde al motto Madrid para los madrileños de siempre.
¿Y a quién esperan? Literalmente, el argumento oficial es proteger al vecino de siempre. El alcalde, Diosdado Soto, presume de que el pueblo llevaba años sin oferta: habló de 12 en 2023 y de más de 20 en la nota de este mes. Quiere que esta promoción sea “la primera de otras”.
Sin embargo, ¿quién entra en el 75%? Porque cumple el filtro quien ya aguantó diez años en el pueblo, como decíamos, no quien se marchó porque no podía pagar, ni el joven que se emancipa, ni quien llegó hace cinco años a trabajar. Y hablamos de un salto interanual de casi el 17% en julio y subiendo. En este desplazamiento gobierna el padrón, no el trabajo.
10 años, como la nacionalidad. Es el mismo plazo que España exige para nacionalizarse por residencia. En Canarias, un decreto pide 12 años de arraigo para vivienda pública y ya tiene la primera demanda, al ser tachado de irrazonable: en una década la vida de una persona puede virar de recién emancipado a casado con hijos.

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En Madrid, la propia Comunidad tanteó el mismo camino en el borrador del nuevo reglamento de vivienda protegida de marzo. Exigía 10 años de padrón en la región para comprar y 10 para alquilar. Tras el rechazo social, rebajó el alquiler a 5. Más Madrid denunció que la norma trataba como ciudadanos de segunda a cientos de miles de personas llegadas de otros países o provincias.
Paradoja comarcal. El borrador regional sigue sin aprobarse: debe pasar por la Comisión Jurídica Asesora y volver al Consejo de Gobierno. Los convenios de Guadarrama reclaman el doble de plazo que los de la Comunidad. Algo parecido ocurre con el Plan Vive, que ya subió de tres a cinco años el padrón o vínculo laboral exigible en el municipio. La vara de medir sube a medida que bajan los pisos disponibles.
Imágenes | Flickr (David Borrallo)
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La noticia
Este pueblo madrileño ha encontrado la fórmula para dar prioridad a sus vecinos en vivienda pública: exige llevar 10 años empadronado
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Isra Fdez
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