La última disputa fronteriza dentro de España: la que lleva 130 años enfrentando a Cuenca y Teruel por un río

Llevan peleando desde 1897 y, en pleno 2026, todavía no se han puesto de acuerdo. Hablamos de la disputa fronteriza que enfrenta a Cuenca y Teruel por 2.000 hectáreas de monte en el Alto Tajo, el llamado Entredicho. El frente judicial sigue abierto en la Audiencia Nacional. Durante décadas, Cuenca defendió un criterio muy simple: el límite provincial lo marca el cauce del río Tajo. En los mapas clásicos, la frontera Castilla‑La Mancha–Aragón se apoyaba en el curso del río, lo que dejaba el monte del Entredicho del lado conquense, aunque la propiedad fuese turolense. Tras una disputa que viene del siglo XIX, el Ministerio de Política Territorial decidió inclinar la balanza por Teruel. Y se lió.

El litigio de las dos mil hectáreas. El monte de El Entredicho ocupa una posición estratégica en la cabecera del río Tajo. Se ubica entre la Sierra de Albarracín, en Teruel, y la serranía de Cuenca. La disputa divide dos términos municipales, dos provincias y dos comunidades autónomas: Aragón y Castilla-La Mancha. Por un lado, Cuenca defiende que la frontera lógica e histórica sigue el curso fluvial del Tajo. 

Por el otro, Albarracín reclama la plena jurisdicción administrativa sobre la zona basándose en la titularidad del terreno y en el uso continuado de sus recursos forestales: el monte El Entredicho destaca por sus densas masas de pino albar (Pinus sylvestris), dehesas de alta montaña y nacientes hídricos de la cuenca del Tajo. La adscripción territorial determina qué administración gestiona las licencias de tala, los acotados de caza menor y mayor y las ayudas medioambientales. Y Cuenca no quiere perder nada, ni acceso a madera, caza, pastos, miel y setas, ni “sus” 2.000 hectáreas.

El choque entre propiedad y geografía. Hablemos de mercedes. No la marca de coches, no: las mercedes reales. Estas fueron el instrumento jurídico-político fundamental mediante el cual la Corona hispánica concedía tierras, títulos, derechos de explotación o exenciones fiscales a particulares, concejos e instituciones. Surgidas en la Edad Media y extendidas a la época colonial, funcionaron como un mecanismo estratégico de patronazgo e ingeniería territorial para premiar servicios a la Monarquía, vertebrar la repoblación de fronteras y consolidar el control institucional sobre el suelo.

Apoyándose en esto y los privilegios concedidos durante la repoblación medieval del Reino de Aragón, en 1920, el secretario municipal de Albarracín inscribió la propiedad de El Entredicho en el Registro de la Propiedad. El problema es que todo nació de una contradicción legal. En 1897 y 1909, comisiones de ambas provincias intentaron trazar un deslinde oficial sin alcanzar acuerdo. En 1900, las autoridades de Cuenca deslindaron el Monte de Utilidad Pública MUP-126, denominado Veguillas del Tajo, pero excluyeron la franja de El Entredicho.

«En aquel momento los límites se trazaron de la mejor manera que se podía y con la nula tecnología que existía», explicaba Elena Camacho, jefa de servicio de Delimitaciones Territoriales en el Área del Registro Central de Cartografía del Instituto Geográfico Nacional. En 1966, los ingenieros forestales deslindaron el MUP-12, denominado Vega del Tajo, perteneciente a Albarracín. Los técnicos de Cuenca acudieron a la cita, pero no formalizaron protesta alguna sobre los límites. Nació así un limbo administrativo de más de medio siglo: la propiedad del suelo pertenecía a Albarracín, pero Cuenca sostenía que el terreno caía dentro de su término municipal.

Nombres proféticos y la guerra de los guardas. El topónimo «El Entredicho» es bastante explícito. Los propios vecinos de la zona bautizaron así al monte en el siglo XIX porque la jurisdicción permanecía literalmente en duda. Durante décadas, los ganaderos locales sufrieron las consecuencias de este vacío legal.

En resumen, un pastor que introducía sus ovejas en la solana se arriesgaba a una multa doble. El guarda forestal del Ayuntamiento de Cuenca denunciaba el pastoreo no autorizado. A la mañana siguiente, el guarda de la Comunidad de Albarracín exigía el pago del arbitrio aragonés por el mismo prado. La falta de acuerdo impidió la colocación de mojones físicos de piedra entre las marcas madereras M3 y M3T. La línea divisoria ha estado existiendo únicamente sobre los planos de los ingenieros. El terreno real, entretanto, se quedaba sin señalización clara sobre el suelo.

Monumentos en tierra ajena y cotos micológicos. Como quien se pregunta dónde nace el Júcar, a día de hoy sigue siendo común preguntar a quién le corresponde este suelo. Y este conflicto ha generado paradojas geográficas como la estatua que sitúa el nacimiento del río Tajo en Casas de Fuente García. En este paraje se alza un imponente monumento escultórico inaugurado para homenajear al río, con figuras alegóricas de las provincias que atraviesa el cauce, con representaciones de Teruel, Guadalajara y la propia provincia de Cuenca. Tras la adjudicación del terreno a Albarracín, este símbolo está oficialmente en suelo aragonés.

Pese a la victoria administrativa, el consistorio turolense descartó modificar o retirar el escudo de la provincia vecina. La economía local también aprovechó la ambigüedad. La Comunidad de Albarracín integró la ladera disputada —desde las salinas de Valtablao hasta la raya de Valdeminguete— dentro de su red de acotados micológicos. Los recolectores de setas pagaron licencias madereras y permisos micológicos a las arcas aragonesas por buscar hongos en un terreno que los mapas de Cuenca marcaban como castellano.

El dictamen del IGN, a examen. Tras décadas de mapas provisionales y fricciones por la gestión del terreno, los ayuntamientos de Cuenca y Albarracín acordaron en 2022 someter el caso al arbitraje técnico del Instituto Geográfico Nacional (IGN). El 19 de enero de 2024, el IGN emitió un informe vinculante. Los técnicos analizaron las actas de amojonamiento histórico entre 1900 y 1921, la jurisprudencia del Tribunal Supremo y los dictámenes del Consejo de Estado. Dio la razón a la tesis turolense y concluyó que Albarracín acreditó el ejercicio efectivo de la jurisdicción, la explotación maderera y la policía forestal en el paraje sin oposición formal ni contestación administrativa por parte de Cuenca.

El 18 de julio de 2024, el Consejo de Estado aprobó el Dictamen N.º 916/2024. El máximo órgano consultivo del Gobierno avaló de forma íntegra las conclusiones del IGN. Pocas semanas después, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática firmó la orden ejecutiva que fijó el deslinde definitivo entre Cuenca y Albarracín. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la resolución oficial en agosto de 2024. Y aquí concluyó la vía administrativa. En la práctica, Teruel incorporó formalmente las 2.000 hectáreas disputadas. Entonces comenzó la vía judicial.

El Ayuntamiento de Cuenca rechazó la derrota. El alcalde de Cuenca, Darío Dolz, anunció un recurso judicial en representación del consistorio y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Cuenca sostenía que la alteración de un límite interprovincial basado en un accidente geográfico mayor, como el río Tajo, sienta un precedente peligroso. Porque, ¿pertenece también el Tajo a los aragoneses? Al fin y al cabo, el titán diseñado en 1974 corre a cargo de un escultor natural de Rubielos de Mora, José Gonzao Vives, turolense de pura cepa.

En noviembre de 2024, Cuenca formalizó la demanda ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. En diciembre de 2024, el Ayuntamiento de Albarracín, encabezado por el alcalde Daniel Úbeda, se personó en la causa como parte interesada. Los servicios jurídicos aragoneses defienden ante el tribunal la solidez técnica de la resolución ministerial, del informe del IGN y del aval del Consejo de Estado.

Y en abril de 2025 se encargó a Javier Froilán Villamón, por 18.143,95 euros, el contrato para la elaboración del informe pericial que defendiera a Cuenca contra la orden del Ministerio de Política Territorial. Según el plazo procesal ordinario, ha tenido un año para elaborarlo, si bien todavía no se conoce el estado del expediente.

Impacto cartográfico, económico y forestal. Cualquiera podría considerar este litigio un chiste, una batalla de egos que apenas traslada la silueta de España. La realidad es que la resolución del Ministerio exige reajustar los mapas oficiales del Instituto Geográfico Nacional. También altera la aplicación del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del Alto Tajo, aprobado en su día por Castilla-La Mancha. El cambio de soberanía municipal traslada la recaudación de tributos locales, como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) rústico, de las arcas de Cuenca a las de Albarracín.

La decisión final descansa ahora en la sentencia que dicte la Audiencia Nacional. Parece que va para largo, pero desde Cuenca tienen claro que no piensan rendirse.

Imágenes | Alto-Tajo / Mapas oficiales del IGN

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La última disputa fronteriza dentro de España: la que lleva 130 años enfrentando a Cuenca y Teruel por un río

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Isra Fdez

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