El blindaje legal del lobo lleva años resquebrajándose. Ahora la mayoría de comunidades de España han abierto la puerta a su caza

Quizás no al nivel de la vivienda o la corrupción, pero en la crónica política de los últimos años ha habido un tema de debate que ha exacerbado los ánimos: el lobo. Desde 2022 las instituciones europeas y españolas están inmersas en un espinoso debate sobre el grado de protección del Canis lupus, si debe permitirse su caza o sigue siendo vulnerable. El resultado de ese tira y afloja no ha sido precisamente positivo para la especie, cuyo blindaje legal ha ido erosionándose poco a poco.

Ahora acaba de recibir un nuevo varapalo en España, donde la mayoría de comunidades han dejado patente que no ven con malos ojos su caza.

¿Qué ha pasado? Que el estatus legal del lobo acaba de recibir un nuevo varapalo en España, donde ha quedado claro (por enésima vez) que todo lo relacionado con la gestión de las manadas es materia de riña política.

Para entenderlo hay que remontarse al pasado lunes, cuando la mayoría de comunidades y el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) escenificaron su diferencia de opiniones en torno a un informe que, en la práctica, influirá en la cuestión realmente relevante: si se permite o no la caza de lobos en España.

¿Qué se debatió exactamente? El informe sexenal sobre la situación del lobo en España. Básicamente se trata de un estudio que muestra cómo evolucionaron las manadas del país entre 2019 y 2024 y (lo importante) concluye si el estado de conservación actual de la especie puede considerarse o no ‘favorable’. 

Dicho así tal vez no parezca gran cosa, pero que esa etiqueta (‘favorable’ o ‘desfavorable’) influye a su vez en si debe permitirse su caza. Además se trata de un informe exigido por la Comisión Europea (CE) y que acumula ya un año de retraso: España debería haberlo enviado antes del 31 de julio de 2025.

¿Por qué ha tardado tanto? Porque antes el informe debía pasar por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, un órgano en el que se sientan dos partes con posturas totalmente opuestas: el ministerio, partidario de considerar la situación del lobo en España como ‘desfavorable’, y por lo tanto necesitada de una elevada protección; y la mayoría de comunidades autónomas, que creen que tras años de preservación la especie ya está en una situación ‘favorable’.

¿Y qué acordaron? Las posturas de unos y otros están tan alejadas que en la reunión del lunes se pusieron sobre la mesa dos informes, ambos centrados en el lobo pero con conclusiones distintas. Uno estaba elaborado por Miteco y abogaba por proteger a las manadas. El otro lo presentó la Xunta de Galicia  y básicamente concluía que las manadas han aumentado tanto desde 2019 que ya se puede hablar de un nivel de conservación aceptable en el Atlántico y Mediterráneo

Esa última fue (de lejos) la postura que recibió más avales durante la reunión. Los gobiernos autonómicos de Galicia, Andalucía, Cantabria, La Rioja, Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Canarias, Extremadura, Islas Baleares, Madrid, Castilla y León y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla respaldaron el informe que concluye que la situación del lobo a día de hoy en España resulta «favorable». Los únicos votos en contra fueron los del Gobierno y Cataluña, que delegó en el Miteco. País Vasco y Castilla-La Mancha se abstuvieron.

¿Qué dice el Gobierno? La ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, reclamaba el martes que prime «el rigor técnico y científico» y recordaba que el objetivo del informe debe ser mostrar el estado de conservación de la especie en los últimos seis años. En una línea similar, Jordi Sargatal, del Govern, juzgaba «sin base ni valor científico» el informe de las comunidades lideradas por el PP. Miteco ha avanzado de hecho que enviará a la Comisión Europea «toda la información» sobre la materia, lo que incluiría ambos estudios.

Hace justo un año el ministerio publicó un censo que concluía que en España hay 333 manadas, un 12% más que en el censo anterior, elaborado entre 2012 y 2014. Aunque ese dato es positivo, el propio Gobierno lo acompañaba de una nota a pie de página: ese 12% todavía es insuficiente. «Los científicos consideran que, para asegurar la viabilidad genética a largo plazo, deben alcanzarse 500 manadas».

¿Qué dicen las comunidades? Defienden que la especie ha recuperado terreno, lo que justificaría abrir la puerta a los cazadores. «El estado actual del libro es favorable y no hay base científica para justificar que tenga un régimen de protección especial», argumenta la Xunta. En juego no están las manadas, sino su impacto, como recuerda Joaquín A. Pino, consejero de Castilla y León, quien recordó que los ganaderos «sufren de forma recurrente» ataques de lobos.

«La gestión de la especie debe basarse en la realidad acreditada por el informe sexenal para proteger también a la ganadería extensiva y el medio rural», insiste el Gobierno regional antes de recordar que los daños al sector primario han ido aumentando más de un 10% anual y, solo en Castilla y León, se registraron el año pasado 4.474 ataques de lobos a explotaciones ganaderos. Las indemnizaciones por esos desperfectos (6.294 reses muertas) superaron los cuatro millones. 

Imágenes | Arturo de Frias Marques (Wikipeda) y AR ® Escuela Superior de Medio Ambiente (Flickr) y Miteco

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El blindaje legal del lobo lleva años resquebrajándose. Ahora la mayoría de comunidades de España han abierto la puerta a su caza

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Xataka

por

Carlos Prego

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